la protección de las marcas

Una proposición de ley destinada a proteger los nombres de ámbitos del cybersquatting, registrado a la Presidencia de la Asamblea Nacional el 15 de febrero de 2007 se hizo público el 7 de marzo de 2007.

Sería castiga de un dolor de encarcelamiento de dos años y de una multa de 45.000 Euros, el hecho de pedir a la Asociación francesa para la acción de nombrar Internet en cooperación (AFNIC), el registro de un nombre de ámbito que afectaría a los derechos de propiedad intelectual de un tercero, a las normas de la competencia y el comportamiento honesto en materia comercial y al derecho al nombre, nombre o seudónimo de una persona física o a los derechos en nombre de una persona jurídica y de una colectividad territorial.

Además, sería castiga del mismo dolor el hecho de pedir al AFNIC el registro de un nombre de ámbito para crear voluntariamente una confusión con una denominación existente o para perjudicar a los terceros.

Los parlamentarios quisieron crear un marco legal a la lucha contra la práctica de “cybersquatting” que consiste en depositar, contraviniendo deliberadamente al derecho de las marcas, un nombre de ámbito correspondiendo a la denominación social o al nombre comercial de una empresa, o del una de sus marcas y de sacar un provecho del tráfico creado sobre este nombre o ganando dinero con la reventa del nombre de ámbito a la empresa lesionada. Este fraude era condenado por la Jurisprudencia in situ del derecho de la propiedad intelectual y la competencia desleal.
La proposición de ley precisa por fin las sanciones complementarias que el juez nacional podrá pedir en caso de condena para un acto de “cybersquatting”. El juez nacional podrá pedir la supresión del nombre de ámbito controvertido o su transmisión a una persona quien designará.

Le texte ne vise donc que la sphère de compétences de l’Afnic, et donc uniquement les .Fr. Les autres extensions de premier niveau (.Com, .Net, .Org, etc.), n’entrent pas dans le champ de cette lutte.

Déjà, un décret du 6 février 2007 modifie les règles relative à l’attribution des noms de domaine et pose les principes d’intérêt général régissant cette attribution. Le décret envisage la protection du nom des collectivités territoriales (tout comme les Institutions nationales, les services publiques nationaux) et celle du nom patronymique qui ne peut être pris pour nom de domaine sauf pour ce dernier si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi